El tercer día del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, inicio con el caso de Arauca y con las denuncias contra la OXY y Ecopetrol. 

 

En éstas se evidenciaron las graves consecuencias de las políticas extractivistas y el consecuente despojo que vienen sufriendo los pueblos desde la época de la Conquista, que van acompañadas de violencia, persecución, desplazamiento y explotación de los trabajadores. Todo ello sucede con el beneplácito del gobierno nacional, a quien le interesa ampliamente promover la inversión extranjera, la cual convierte en mercancías los bienes comunes de la naturaleza y del pueblo.

 

Por lo anterior, la mesa de minería denuncia a las empresas Río Paila Castilla, Mónica Semillas y empresas multinacionales mineras, energéticas y petroleras por cambiar y violar la ley con el fin de apropiarse de millones de hectáreas; por militarizar los territorios con ayuda de fuerzas militares estatales y paraestatales que desatan lógicas de seguridad privada; por el uso de plataformas ideológicas con el apoyo de medios de comunicación, que se dirigen a poner de acuerdo a la población con las lógicas de las transnacionales; trabas burocráticas para la legalización de los pequeños mineros.

Extorsión de los pequeños mineros por parte de grupos armados y diferentes servidores públicos al servicio de los capitalistas; iniquidad en las normas ambientales entre los pequeños mineros y las multinacionales; transformación violenta del uso del suelo y la vocación agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria; explotación de uranio y minerales estratégicos y pérdida absoluta de la soberanía del Estado sobre los mismos; creación de empresas de papel para evadir impuestos yobtener subsidios estatales; compra de pequeñas empresas mineras, cambio de razón social de empresas para repercusiones judiciales y testaferrato, destrucción de las fuentes de agua y páramos, como el de Pisba en Boyacá.

Por su parte, la mesa de hidrocarburos denuncia: Caso del poliducto de la provincia de Lengupá en Boyacá y sus impactos sociales, políticos y culturales; caso Acacías en el departamento del Meta, por apropiación de las aguas de los ríos Planas y Piyabá; caso vereda Los Kioskos en Puerto Gaitán (Meta), por secamiento de ríos y quebradas, militarización y deterioro del tejido social; caso Puerto López (Meta), porque Ecopetrol se ha puesto al servicio de las transnacionales y no cumple su función económica y social.

 

También se les denuncia por etnocidio: por amenazar la supervivencia cultural de los pueblos Sikuani, Makaguani, Hitnu, Betoy, U`wa, Inga y pobladores campesinos; vulneración de derechos, de identidad cultural, de libre determinación y no consulta a los pueblos originarios y campesinos; vulneración del derecho a la vida de pueblos indígenas a través del pago a fuerzas privadas de represión; por ocupación y usurpación de territorios ancestrales y sagrados del cual fueron expulsados los habitantes; por vulneración a la libre circulación; por violación a los derechos humanos; por enfermedades y malformaciones que genera la contaminación en los pobladores.

 

Se acusa al Estado, a la Oxy y su filial por participar en atropellos contra pobladores de Arauca e intervenir en el conflicto armado interno. Se les acusa también por detrimento del patrimonio de la nación, por prorroga injustificada del contrato en el que se otorga licencia y posibilidad de explotación en la zona; y por amenazas directas de laPacific Rubiales a los pueblos Hitnu, Sikuani, Makaguani, y políticas que afectan también a los pueblos Betoy, U`wa e Inga.

Veredicto:

En cuerpo colegiado condena a las empresas AngloGold Ashanti, Pacific Rubiales y subsidiaria en Meta por la violación de los siguientes derechos humanos:

Violaciones graves a los derechos naturales; violación a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades, y por ser instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y organizadores sociales; violación al derecho a la alimentación, por violación de los derechos colectivos a la tierra, los recursos naturales, los derechos de participación, especialmente de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios; violación a la legislación ambiental vigente; cercamiento de ríos y caños, daños irreversible en los ecosistemas que afectan, flora y fauna.